Bajo el actual contexto, un acorralamiento diplomático de varios Estados contra un país soberano puede derivar en escenarios distintos a los objetivos establecidos por el compendio de agresores. Las cosas pueden no ir de acuerdo al plan de los agresores.

Por el otro, la alianza estratégica con Estados que también se enfrentan a las ofensivas sancionatorias y cuadros de guerra híbrida de los Estados Unidos es una clave para el despliegue internacional de Venezuela.

La combinación de esos factores dieron un duro golpe a los señores y mayordomos del asedio contra la República Bolivariana, con la votación que llevó a la delegación venezolana a ocupar un puesto entre los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Los 105 votos resultaron «polémicos» para las ONG amarradas a la cadena de transmisión del Departamento de Estado y las agencias encargadas de reflejar los lineamientos políticos, ya que no lograron ser desplazados hacia la candidatura de Costa Rica, ideada a última hora para desplazar a la venezolana, llegando a los 96 sufragios a favor.

Son precisamente aquellas organizaciones, fundaciones y asociaciones civiles financiadas por el gobierno estadounidense las que han determinado el discurso de criminalización y el expediente que sustentaron el informe Bachelet. La instrumentalización de los derechos humanos a favor del relato destituyente no dio el resultado esperado ante la ONU.

Al mismo tiempo, la victoria diplomática, así calificada por el gobierno chavista, también significa un nuevo revés para el desgastado producto de marketing Juan Guaidó como «presidente encargado/interino», que cae por retruque sobre la Administración Trump pues sigue sosteniendo política, diplomática y financieramente al gobierno fake de Voluntad Popular.

Esta fue una nueva prueba de que su política hacia Venezuela no está logrando los objetivos que persigue. Las sanciones unilaterales y coercitivas golpean con mayor ahínco a los venezolanos de a pie y no hay forma moral que las pueda justificar objetivamente, Maduro sigue gobernando y la presión regional recala más en las acciones y declaraciones de la Casa Blanca que en una coordinación efectiva de los diferentes mecanismos que han creado los gringos para atacar al país.

Podemos sugerir, asimismo, que por la vía de los hechos pesa más el apoyo de China, Rusia y el resto de países que reconocen y votan a favor del gobierno chavista que las amenazas de Trump a diestra y siniestra.

Para América Latina y el Caribe quedaban dos puestos en el Consejo de DDHH de la ONU; la República Bolivariana resultó elegida sobre Costa Rica, que delega a Estados Unidos incluso su seguridad nacional. La victoria que esto representa pone en perspectiva el cuadro de asedio que vive Venezuela actualmente.

¿BLOQUEO REGIONAL?

Desde hace días, representantes de los diferentes gobiernos que componen el Grupo de Lima, el TIAR, la OEA (el mismo barranco), habían estado declarando que el gobierno de Maduro no debería siquiera representar al país que preside constitucionalmente, mucho menos que fuera electo a un escaño en el Consejo de DDHH de la ONU.

Allí entró la «propuesta» de Chile, emitida por su canciller Teodoro Ribera, con la que pareciera sugerirse sin mucha dificultad la pretensión de usar las declaraciones como recurso político y moral en las maniobras de presión contra la decisión del Consejo de la ONU.

En una entrevista con el Financial Times (FT), Ribera afirma que se deben tomar «cada vez medidas más estrictas» contra Venezuela para que el presidente Nicolás Maduro convoque «elecciones libres», ya que lo considera, junto a Estados Unidos y Colombia, como «un problema para la seguridad hemisférica».

El máximo diplomático de Chile, país que también ocupa un puesto en el Consejo de DDHH de las Naciones Unidas, dijo que los «próximos pasos lógicos» de los países de la región contra el Estado venezolano podrían derivarse en el bloqueo de las comunicaciones y el acceso aéreo y marítimo.

«La solución a la crisis tiene que ser pronto. Venezuela es un problema para la seguridad hemisférica; tenemos que hacer que Maduro entienda que es preferible convocar elecciones, que no convocarlas», dijo el canciller chileno.

El cuadro que produce el lenguaje político de esta entrevista en un medio corporativo a días de decidirse el voto en la ONU: se hace plausible especular que el mensaje que encapsuló FT fue un intento tardío de maniobra de presión, poniendo de portavoz, de entre los países del Grupo de Lima el más potable para el establishment transatlántico.

Está claro que estas declaraciones no impidieron la victoria en la ONU. Pero se debe tomar en cuenta que se dieron luego de la activación del Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

El pasado 24 de septiembre los cancilleres del TIAR dijeron que incrementarían el cerco económico, comercial y financiero sobre Venezuela.

El gobierno de Sebastián Piñera estaría dispuesto, según expresa Ribera al FT, a trabajar con los gobiernos de la región para cortar las telecomunicaciones de Venezuela, cerrar su espacio aéreo e implementar un bloqueo naval si no se aplican las prerrogativas; «la solución a la crisis» se encuentra en las tácticas de asedio cuasi medieval.

Un bloqueo regional no parece posible con el aparente grado de acoplamiento que existe entre los gobiernos del TIAR, y además, al menos en principio (la ignorancia es atrevida), no existen las condiciones en sus respectivos países para crear semejante cuadro diplomático y militar.

Si tomamos en cuenta las relaciones bilaterales de Venezuela con otros Estados de la región (comerciales y energéticas, por ejemplo, con Brasil) y el nivel de inestabilidad política, social y económica en la mayoría de esos países (pensemos en Argentina, Colombia, Perú y Centroamérica) podemos concluir esta idea.

Los vientos parece que no corren a favor para ellos, llevándose consigo las palabras de Ribera.

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