Este martes la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una licencia (Licencia General 20B) que autoriza algunas transacciones del Banco Central de Venezuela (BCV) con algunos organismos financieros y entes multilaterales.

Con esta licencia, quedan permitidas las relaciones del BCV con nueve organizaciones financieras internacionales, luego de las medidas coercitivas unilaterales aplicadas en abril de 2019 contra el banco rector del país y que han evolucionado en una profundización de las formas de asfixia financiera y económica contra la población del país petrolero.

Entre las instancias incluidas expresamente en la licencia, figuran el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Cruz Roja Internacional. Algunos de los entes adscritos a estas instancias, también quedan incluidos en la licencia 20B.

También quedan autorizados para relacionarse con el BCV, la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyendo a sus programas, fondos y agencias especializadas, como la Organización Internacional para la Migración (OIM), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), entre otras.

La Licencia de la OFAC refrenda ante la opinión pública que la aplicación de medidas contra Venezuela, lejos de ir dirigidas contra funcionarios venezolanos, en realidad han ido contra el relacionamiento del país en materias altamente sensibles y esenciales para el bienestar económico y social de Venezuela.

Sin embargo, las medidas discrecionales de bloqueo contra el BCV y el Estado venezolano en su conjunto, siguen manteniéndose impidiendo que el BCV pueda mantener relaciones con bancos privados y otras instancias. El bloqueo contra la institución se mantiene. 

Recientemente el portal financiero estadounidense Bloomberg, refirió el daño profundo a las arcas del BCV a causa del bloqueo estadounidense, concretamente a la falta de liquidez en dólares, dada la inhabilitación que tiene el banco venezolano para procesar pagos con el exterior, que se ha traducido en una caída sostenida del flujo de caja en divisas extranjeras.

¿RELAJAMIENTO PARCIAL DEL BLOQUEO O HAY ALGO MÁS?

Esta licencia tiene la particularidad de que es emitida con la cualidad de renovarse automáticamente cada mes durante un período de 18 meses. Una diferencia importante frente a otras licencias que emite el gobierno estadounidense para autorizar operaciones con Venezuela, que suelen tener un lapso de duración de tres meses.

Recientemente la OFAC autorizó, mediante la Licencia General 8B, las operaicones en Venezuela de un grupo de empresas petroleras estadounidenses, por unos nuevos tres meses.

Las beneficiarias fueron la corporación Chevron y otras como Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes y la compañía de GE Weatherford International. Manteniendo, por supuesto, el veto a que dichas empresas se relacionen con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en otras áreas vitales para la industria, como el suministro de tecnologías, diluyentes e insumos para la actividad petrolera.

Lejos de entenderse la emisión de licencias para petroleras estadounidenses como un acto de ablandamiento del bloqueo, la decisión obedeció a razones políticas y estratégicas. De haberse consumado una inoperatividad plena de las empresas estadounidenses a causa del bloqueo, Venezuela tendría previsto reasignar sus pozos y operaciones a empresas rusas y chinas, para así sostener sus exportaciones a causa de la expulsión de Venezuela de gran parte del mercado petrolero internacional por órdenes estadounidenses.

Por ende, la medida emitida ahora, en teoría, a favor del BCV, podría ir en direcciones claramente convenientes a los norteamericanos.

Diversos medios estadounidenses, entre ellos recientemente The The Washington Post, han referido un conjunto de presiones por parte de Wall Street apuntando al letargo de la situación venezolana, y cómo la prolongada situación de bloqueo, ha ido más allá de las estimaciones que se hicieron en 2017 al emitirse la primera Orden Ejecutiva de Trump.

En otro orden de ideas, también existe la probabilidad de que este levantamiento parcial de las restricciones contra el BCV, vayan en dirección de acelerar la conformación del proto-gobierno del diputado Juan Guaidó, que ha sido una piedra de tranca para facilitar una solución política a la crisis venezolana, gracias a los auspicios estadounidenses.

Según el «Procurador» del gobierno artificial de Juan Guaidó, Ignacio Hernández, célebre por haber sido abogado de empresas que demandaron a Venezuela y que resultaran favorecidas luego en su rol de «Abogado de la República», las inhabilitaciones al BCV se mantienen.

Para Hernández, el BCV sólo puede actuar en el marco de la nueva autorización, a través de las «legítimas autoridades designadas» por el «presidente encargado» Juan Guaidó, previa autorización de la Asamblea Nacional (AN). Agregó que las actuales autoridades del BCV en pleno ejercicio de sus funciones, a las cuales llamó «usurpadoras», no pueden actuar bajo el amparo de dicha licencia.

Las posibilidades se ciernen ahora sobre la profundización de las contradicciones institucionales y el peligroso manejo de la política exterior de un Pompeo en fase delirante. 

La eventualidad de un BCV paralelo operando puertas afuera de Venezuela, podría incluso dar forma y arquitectura para-jurídica y para-institucional a los ingentes recursos que recibe la oposición venezolana por parte del gobierno estadounidense y que no han tenido énfasis o impacto alguno dentro de Venezuela.

A finales de 2019, Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado, ratificó la postura de la Administración Trump de continuar apoyando a Juan Guaidó como el «presidente interino de Venezuela», y agregó que, durante 2019, «el gobierno de Estados Unidos ha dado más de 650 millones de dólares hacia la asistencia humanitaria, no solo dentro de Venezuela sino también para apoyar a 16 países vecinos».

Juan Guaidó, quien ha afirmado no poseer acceso a los recursos estadounidenses, fue desmentido por la propia USAID, agencia reveló hace poco que, en los últimos años, esa oficina ha entregado unos 476 millones de dólares a la oposición venezolana.

Aunque la existencia autoproclamada de Guaidó no tiene ningún asidero real ni ejerce poder de hecho en Venezuela, si ha servido para la configuración de una inocultable trama corrupta fuera de Venezuela, donde participan dirigentes antichavistas y funcionarios de la burocracia interamericana.

De ahí que la eventualidad de un BCV paralelo, pueda servir para darle forma a una falsa legitimidad política a un flujo de recursos políticamente cada vez más inmanejables.


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