El recrudecimiento de la violencia criminal contra los seguidores del MAS y el pedido de renuncia del alto mando de las Fuerzas Armadas, fueron los puntos de quiebre (y de coacción abierta) que cristalizaron la renuncia forzada del presidente Evo Morales el 10 de noviembre.

EL FACTOR DE LOS MOTINES POLICIALES

El papel que jugó esta maniobra a lo interno de las fuerzas de orden público en la viabilidad del golpe de Estado ha sido clave.

Su efecto en cadena abarcó unidades policiales que iban desde Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro hasta La Paz, agravando el clima de confrontación, sumándose abiertamente al golpe y amplificando con ellos las acciones de sabotaje, violencia criminal y persecución de los grupos de choque ligados a la oposición boliviana.

Por la vía de facto, esta acción constituyó una supresión de las capacidades de defensa y resguardo del orden público del gobierno de Evo Morales. La habilidad de reversión mediante mecanismos de fuerza frente a un ciclo ascendente de violencia, que ya al momento de los motines tenía evidentes rasgos armados, fue inhabilitada. Y el pedido de renuncia del comandante general de la policía, Yuri Calderón, quien horas antes había tratado de contener los motines, fue sin lugar a dudas un hecho definitorio.

Desarrollándose sin ningún obstáculo, ahora el objetivo estratégico del golpe (cercar y tomar La Paz, luego el palacio presidencial y finalmente capturar a Evo Morales) pudo llevarse a cabo sin que los militantes, funcionarios y simpatizantes del MAS, acorralados en La Paz, pudieran contar con la debida protección policial.

Con el camino despejado, las turbas violentas de Camacho contaron con la impunidad (policial) y el blanqueamiento (de los medios) que tanto necesitaban para pasar a una ofensiva armada definitiva.

La acumulación de motines en los departamentos ya mencionados transfirió toda su carga a La Paz, consiguiendo replegar a las unidades policiales cerca del Palacio Quemado y obligando al presidente Evo Morales al abandono de su residencia para reguardar su vida.

Este golpe de efecto fue simbólico pero también material: el principal símbolo de poder del gobierno boliviano quedaba a merced para la toma «épica» de los golpistas, mientras la población de La Paz y los dirigentes del Estado eran asediados, así como sus viviendas y familiares, con el objetivo de consolidar un estado de sitio y terror.

UNA OLA DE RENUNCIAS FORZADAS POR LA VIOLENCIA; SOCAVAR LAS BASES DE EVO

Mientras el linchamiento político generalizado contra el masismo avanzaba, la ola de renuncias de altos cargos del gobierno boliviano también lo hacía. El asalto a viviendas de funcionarios y el secuestro de sus familiares, provocó que las renuncias forzadas alcanzaran a más de 20 altos representantes del gobierno de Evo Morales.

Ese socavamiento en la superestructura también tuvo su reflejo fronteras adentro en la base de masas: el secretario general de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, pidió en una conferencia de prensa la renuncia de Evo Morales.

Aunque desde temprano la ciudad de El Alto se levantó en defensa de Evo Morales, su impacto político no fue suficiente como para revertir la definición del golpe en La Paz.

En ese sentido, la defección de la alta dirigencia de la COB jugó un rol importante en debilitar el ánimo de contraofensiva que no sólo se armaba desde El Alto, sino que tendría su punto clímax en la llegada de las caravanas de los movimientos sociales que respalda a Evo en La Paz.

Ambas situaciones precipitaron la escalada violenta de las últimas horas en La Paz, Oruro, Potosí y otros lugares donde residían altos funcionarios que, hasta ese momento, mantenían la estabilidad del gobierno de Evo en el frente institucional.

Había que formalizar el cambio de régimen tan rápido como para evitar que la resistencia al golpe siguiera cogiendo fuerza desde El Alto y se engranara, días después, con la caravana de los movimientos sociales. Por ende, la maniobra de las FFAA autorizó la represión para frenar cualquier opción de contragolpe.

LAS FFAA FUERON EL ACTOR DEFINITORIO

Ya con una correlación de fuerzas (tanto institucional como de calle) bastante definida, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, dio el giro que faltaba: pidió la renuncia de Evo Morales a nombre de la institución castrense, en una declaración de apoyo a los golpistas que intentó disfrazarse de posicionamiento institucional.

El orden de los eventos y su patrón de desarrollo delineó una escalada demasiado evidente por su elevado grado de planificación: las movilizaciones «ciudadanas» y los paros abrieron paso a la acumulación armada de los grupos violentos, luego vino el cerco político e institucional a La Paz mediante una orgía de linchamientos que tuvo el respaldo de la policía y que, a las horas, cristalizó la fractura en la cadena de mando del gobierno de Evo Morales.

Y aquí es pertinente no olvidar que el combustible que le faltaba al golpe lo aportó el informe de la OEA, tan útil para la agenda de Camacho que pareció haber sido escrito desde su mansión en Santa Cruz.

Pero sentido de oportunidad de las FFAA se hizo patente. Esperar a que la escalada se desarrollara lo suficiente como para dar el golpe de gracia en el momento preciso, mostrándose «obligados» a tomar esa postura, hizo visible su sincronía con toda la maquinaria del cambio de régimen.

Y es que más allá de este acto coacción en sí, que derivó en la consumación del golpe, la variante policial y militar le da un carácter distintivo al cambio de régimen en su versión boliviana.

Mientras la policía funcionó como brazo armado ilegal y retaguardia de los combatientes urbanos de Camacho, las FFAA consolidaron la maniobra quedándose a un lado a medida que la escalada se salía de control. Luego intervinieron públicamente cuando ya sabían que las bases de Evo, y su control sobre el funcionamiento del Estado, estaban lo suficientemente socavados como para hacer irreversible el pedido de renuncia.

LAS IMPLICACIONES MÁS ALLÁ DEL PANORAMA VISIBLE

El golpe en Bolivia representa una versión concentrada de otras operaciones de cambio de régimen a escala regional y global. La participación de Luis Almagro como de ONGs financiadas por Estados Unidos, como el caso de Human Rights Foundation, desvela que el golpe no ha sido interno, sino movilizado conscientemente por poderes occidentales extranjeros.

La reversión del gobierno de Evo Morales integró los nuevos métodos de persecución y odio contra el chavismo en Venezuela en 2014, pero que fueron mucho más sofisticados en 2017, no sin antes incorporar el componente mercenario y de violencia armada abierta que se desplegó, también, contra Nicaragua en 2018. A su modo, igualmente adaptó la variante de socavamiento judicial y político, y el blanqueamiento legal de una interrupción forzada de gobierno luego de un ruido de sables, que atestiguaron los cambios de régimen en Honduras y Brasil.

La creación de un espacio político de extrema derecha y la fabricación de figuras políticas de corte fascista, en cada uno de estos procesos, se puede decir que es un resultado automático de cómo ciclos de violencia y persecución roturan el alma de nuestras naciones, aniquilan la convivencia y ensayan una guerra civil donde los golpistas cooptan a policías y militares cuales contratistas privadas.

El golpe contra Evo evolucionó de una revolución de colores instigada por frentes artificiales de ONGs y sectores gremiales que utilizaron huelgas y protestas paralizantes como sus principales instrumentos. Luego mutó a una guerra no convencional (mediante actores armados entrenados en tácticas de guerrilla, desgaste y sabotaje), para, en los últimos días, tomar su cuerpo definitivo como un ensayo de guerra civil que comienza a ejecutar una especie de limpieza étnica y política contra las capas sociales que respaldan a Evo Morales.

La particularidad política y cultural de Bolivia hace que el golpe contra Evo sea aún más catastrófico. Constituido legalmente como uno de los pocos Estados plurinacionales del mundo (cuando la regla sólo permite un Estado por cada nación), el golpe apunta a una reversión forzada de este estatuto de coexistencia con el que los pobres e indígenas bolivianos, por primera vez en su historia, tuvieron un nombre y apellido del cual sentirse orgullosos. El golpe en clave boliviana es otra forma de decir reconquista y retorno a la esclavitud.

La rápida emergencia de la figura de Camacho, en este sentido, no es espontánea. La dirección empresarial y blanca del golpe, oriunda del fascismo santracuceño, no únicamente busca desmantelar en el Estado las conquistas y derechos sociales de la población indígena, sino socavar el Estado en sí mismo consagrado en la Constitución, una que está personificada en Evo, el primer presidente indígena del país.

Apuntando a este objetivo, la enloquecida persecución política ha convertido en todo un caos la línea de sucesión presidencial, en el marco de una guerra civil institucional para armar un gobierno de transición de corte dictatorial que haga el trabajo de fondo: barrer con todo rastro de apoyo a Evo.

El juego de ruptura y fragmentación del Estado boliviano, visto así, no culmina con el derrocamiento de Evo sino que va más allá, configurando un escenario de confrontación y resistencia que los golpistas buscan utilizar de excusa para militarizar indefinidamente el conflicto.

Pero queda por valorar otros impactos, como la oxigenación de Luis Almagro como figura del cambio de régimen a escala regional y cómo estos eventos en la nación andina buscan ser redirigidos para intentar un nuevo round del golpe, aún continuado, en Venezuela.

Pero en lo que respecta a Bolivia, la fragmentación institucional, el secesionismo blanco y empresarial y la guerra civil instigada por policías y militares representan las líneas maestras del golpe ya consumado.

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