Es incontestable que tanto las figuras de Luis Camacho y Carlos Mesa, como la violencia y represión policial-militar que los acompañó en el derrocamiento de Evo Morales, han copado toda la agenda informativa. Sin embargo, una mirada estrictamente localista podría impedir que veamos los flujos de presión internacional que han moldeado el campo de batalla boliviano de forma decisiva.

EL ROL DE ESTADOS UNIDOS

La OEA, y más específicamente Luis Almagro, fueron el factor desencadenante del golpe que se cristalizó el 10 de noviembre con la renuncia forzada del presidente Evo Morales. El sesgado informe del organismo avaló la tesis del «fraude» e instigó a la persecución del gobierno en funciones, siendo su alcance tan definitorio que, en última instancia, se transformó en el principal instrumento para blindar institucionalmente el cambio de régimen.

Siendo un brazo ejecutor de la política exterior de Estados Unidos en América Latina, la participación de Almagro es prueba suficiente de que Washington fue un actor estratégico del golpe.

Almagro dando una entrevista desde su despacho en 2016, año en que no pudo consagrar el cambio de régimen en Venezuela Miguel Álvarez
Almagro dando una entrevista desde su despacho en 2016, año en que no pudo consagrar el cambio de régimen en Venezuela / Miguel Álvarez

Pero no es la figura de Almagro, por sí sola, la que desvela el involucramiento de Estados Unidos. Otros actores que hasta las postrimerías del golpe eran poco visibles, al menos en el panorama de medios, han quedado al descubierto como cabilderos detrás de la cortina.

Es el caso de los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez y Ted Cruz, quienes aparecen en un audio filtrado recientemente. «Estos tres nombres que están mencionados en nuestra agendita, son la llave que está manejando el interés de que el pueblo boliviano tenga la justicia por el voto del 21 de febrero de 2016», afirmó el dirigente opositor boliviano Manfred Reyes Villa sobre el acuerdo político que viabilizaría distintas presiones estadounidenses sobre Evo Morales.

Estas confesiones dejan al desnudo un tipo de injerencia que no sólo implicó cabildear en respaldo hemisférico a los golpistas, sino la movilización del aparataje de la OEA y la asesoría directa a los jefes políticos de la desestabilización.

Cuando la maquinaria del golpe había entrado en pleno funcionamiento y se evolucionaba hacia mayores dosis de violencia el 29 de octubre, el secretario de Estado Mike Pompeo, afirmó desde Twitter: «Estamos profundamente preocupados por las irregularidades en el proceso de conteo de votos de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia (…) Hacemos un llamado a Bolivia para restaurar la integridad electoral al proceder a una segunda ronda de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles con los dos principales ganadores de votos», remató el funcionario.

El discurso de Pompeo ordenó la política exterior estadounidense bajo una línea definida a favor del golpe: alentar la narrativa del fraude acusando, por elevación, al gobierno de Evo Morales de «antidemocrático» y de no «permitir» que el candidato de la Casa Blanca, Carlos Mesa, disputara una segunda ronda a la que había perdido derecho dado el resultado electoral.

El pronunciamiento del jefe de la diplomacia estadounidense provocó el repliegue de sus socios regionales en aras de que Evo Morales no fuera reconocido al momento de su victoria. Así, fue generado un clima de desconocimiento político y electoral con el que Camacho y Mesa, días después, jugarían para inflarle beligerancia a sus reclamos revistiendo de «movimiento democrático» lo que era (y sigue siendo) un golpe en proceso.

Estos pronunciamientos públicos y cabildeos en la sombra fue la realización política de un proyecto de intervención mediante vías blandas que llevaba años encubándose. Aunque («oficialmente») la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dejó de operar en Bolivia en el año 2013, sus líneas de financiamiento a sectores opositores, desde el año 2002, estuvieron dirigidas a fortalecer el secesionismo y la «autonomía regional», el marco histórico y discursivo que nuclea a la vertiente más facha de la clase dominante boliviana. La misma que ha cristalizado el golpe.

Ese financiamiento, aunque cortado por vías regulares en 2013 (la embajada pudo haber continuado el trabajo clandestinamente) con la expulsión de la USAID por parte del presidente Evo Morales, sirvió para asesorar, entrenar y fortalecer logísticamente a los golpistas que, siendo derrotados en 2008, buscarían una década después una revancha asesina.

El último presupuesto anual reconocido por la USAID (en 2011) fue de 26,1 millones de dólares. Sume casi dos décadas de financiamiento y tendrá la caja chica del golpe de 2019 y actores armados bien entrenados.

Sin embargo, la USAID reconoce en sus informes públicos que hasta el año 2013 su abordaje contenía otras vías, mucho más blandas. El Programa de Desarrollo Sostenible y Medioambiente y otros destinados a «fortalecer la democracia», tuvieron el objetivo de construir una masa crítica que, en el momento preciso, pudiera ser aprovechada para criminalizar al gobierno de Evo por la nacionalización de recursos naturales y tierras privatizadas.

El año pasado, el presidente Evo Morales le dijo lo siguiente sobre el encargado de negocios Bruce Williamson: «Ahora el nuevo Encargado de Negocios igual (lo) veo en andanza conspirativas, otra vez. Vamos a esperar un poco de tiempo. Tenemos el derecho soberanamente a decidir qué vamos a hacer con nuestro Encargado de Negocios». «No conspire», remató.

La fricción por declaraciones invasivas del funcionario quedó hasta ahí en el registro de medios, sin embargo, a la luz de la consumación del golpe, su rol activo no puede descartarse.

Ese momento preciso fue el incendio de La Chiquitania en los meses de septiembre-octubre, evento que fue el disparo de salida para que ONGs ambientalistas entrenadas por la USAID fabricaran el primer «levantamiento» (avalado en una lógica ambientalista) contra Evo Morales. Esa construcción de laboratorio tuvo un precedente: durante los incendios, el 29 de agosto exactamente, la USAID realizó un repentino (e ilegal) retorno, donde fue recibida por autoridades de Santa Cruz para, en teoría, colaborar con la mitigación de los incendios. Ahora sabemos que la asesoría para el golpe, que empezó como siempre en Santa Cruz, fue directa y en vivo.

Pero a los fondos de la USAID, como casi siempre, se sumaron los de la Fundación Nacional para la Democracia (NED). De forma abierta, este instrumento de la política exterior estadounidense afirma, nada más en 2018, haber desembolsado recursos de casi 1 millón de dólares para beneficiar proyectos «civiles» y ONGs que no escapan de su vinculación en el golpe.

De la gama de líneas de financiamiento, destacan las dirigidas a la Fundacion Milenio, al Instituto Republicano Internacional (IRI) y Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), casi un total de medio millón de dólares. Estas tres vitrinas comparten el propósito común de «responsabilizar a los candidatos y las autoridades electorales por una campaña justa y transparente y prácticas de votación», apoyar al «sector privado boliviano» e impulsar » reformas electorales». Todos estos tópicos figuraron dentro de la narrativa en la etapa de preparación del golpe.

Fue el inicio del golpe blando, lo que confirma el papel de Estados Unidos en la fase de preparación, posterior activación y cierre «diplomático» del esquema de golpe de Estado. Lo que vendría después sería el respaldo total a la persecución contra el gobierno de Evo.

Luego del informe de la auditoría de la OEA que avaló el fraude, el secretario adjunto interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, afirmó: «Apoyamos la convocatoria de nuevas elecciones y un Tribunal Supremo Electoral representativo y creíble. Todos los implicados en el proceso defectuoso deberían renunciar».

Esa narrativa tan coincidente con Carlos Mesa y Luis Camacho luego sería reforzada por Pompeo, quien indicó: «Apoyamos plenamente los hallazgos del informe de la OEA que recomienda nuevas elecciones en Bolivia para asegurar un proceso verdaderamente democrático representativo de la voluntad del pueblo. La credibilidad del sistema electoral debe ser restaurada».

Más tarde, una declaración oficial de la Administración Trump blindaría el golpe como «un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental», refiriéndose a la renuncia forzada del presidente Evo Morales. Aplaudió al «ejército boliviano por acatar su juramento de proteger no solo a una persona, sino a la constitución boliviana», justificando la salvaje represión que luego se desataría.

Por último, la declaración oficial redirigió la carga narrativa y simbólica del golpe hacia su objetivo estratégico, Venezuela, de cara al anuncio de nuevas manifestaciones violentas para intentar un nuevo cambio de régimen.

«Estos eventos envían una fuerte señal a los regímenes ilegítimos en Venezuela y Nicaragua de que la democracia y la voluntad del pueblo siempre prevalecerán. Ahora estamos un paso más cerca de un hemisferio occidental completamente democrático, próspero y libre», confiesa la declaración sobre el uso geopolítico y antivenezolano que se le quiere dar al derrocamiento de Evo.

EL FACTOR BRASILEÑO: GAS Y UNA REUNIÓN QUE LO DICE TODO

Según la revista brasileña Forum, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, «fue recibido por Ernesto Araújo, canciller de Jair Bolsonaro, en mayo para discutir sobre Bolivia».

Esto fue en mayo y es lógico inferir que mucho de lo conversado tenía que ver con el cambio de régimen. Pero dejemos que Camacho por ahora hable. «Hemos logrado el compromiso personal y gubernamental del canciller Ernesto Fraga Araújo de elevarse como estado brasileño y garantías de la comisión de la CPE para interpretar la convención sobre la reelección indefinida a la CIDH. El canciller dio instrucciones de inmediato y en la misma reunión para celebrar la consulta», esto dijo el dirigente del golpe luego de la reunión con Aráujo.

Pero el compromiso referido por Camacho iría más allá de una alianza con el gobierno de Bolsonaro para deslegitimar el triunfo asegurado que tendría Evo Morales el 20 de octubre.

El diario boliviano El Periódico divulgó una cadena de audios donde se demuestra el apoyo del gobierno de Bolsonaro a los golpistas. El opositor Manfred Reyes Villa, miembro de la oposición boliviana que reside en Estados Unidos, reveló que un «hombre de confianza» de Bolsonaro asesoraba a uno de los candidatos presidenciales, muy seguramente Carlos Mesa.

Los audios también reflejan la orquestación del golpe en general, la preparación de un «levantamiento policial y militar», la invalidación del resultado electoral de la primera vuelta con medidas de fuerza y el asedio de sedes diplomáticas como la venezolana.

Si los intereses de EEUU en el golpe en Bolivia son geopolíticos, los de Brasil son geoestratégicos y energéticos. Su principal empresa petrolera, Petrobras, siempre tuvo una participación dominante sobre las reservas de gas boliviano, una realidad que ha venido cambiando a la luz de reestructuraciones de su filial en Bolivia.

En medio de la agitación del golpe, Petrobras disminuyó considerablemente sus importaciones de gas boliviano, mientras que el Consejo de Administración de Defensa Económica (CADE) de Brasil desprendió a Petrobras del dominio del estratégico gasoducto Brasil-Bolivia, mientras se decide cómo será administrada.

De telón de fondo a estas negociaciones que van en diversas direcciones, se encuentra la pugna por definir el precio del gas que Bolivia suministra a Brasil.

Según la agencia Argus Media, «Brasil ahora está inundado de gas pre-sal, mientras que Argentina está desarrollando enormes reservas de gas de esquisto, dejando a Bolivia con mercados más pequeños para su suministro sin litoral».

Que estos factores comerciales y energéticos hayan transcurrido a la par del golpe, nos indica que hubo presiones por el lado de los negocios. El golpe contra Evo ha hundido a Bolivia en la inestabilidad total, brindándoles a los capitalistas brasileños una oportunidad para apropiarse de las cuotas de exportación del gas natural boliviano.

La debilidad en la que han dejado al Estado boliviano, y la capa reaccionaria que asume el poder de facto con un estilo muy similar al de Bolsonaro, le dan ventaja al capital brasileño para hacer retroceder a su competidor boliviano, limitado ahora para hacer valer la autoridad pública sobre una importante reserva de gas dentro del mercado energético.

El diario La República de Perú destaca que con la caída de Evo muchos proyectos binacionales de gran calado seguramente se vendrán a pique, realidad que replicará a escala suramericana. Con la llegada del MAS al poder, Bolivia se transformó en una plataforma energética de importancia mundial (por las estratégicas reservas de gas y litio), con enormes posibilidades de concentrar una influencia geopolítica, energética y con proyección a la Amazonía que a Brasil y a Estados Unidos siempre les hizo ruido.

La geopolítica determina la política y el interés de reducir a Bolivia a una posición energética marginal, asfixiando su desarrollo como polo de poder, puede haber forjado el acuerdo entre sectores ecónomicos y del poder de Brasilia y Washington para respaldar el golpe tan abiertamente. Y es que la maniobra a escala geoestratégica, además, podría resultar en que Brasil sustituya a Bolivia como mayor proveedor de gas natural a Argentina, que pronto estrenará un gobierno progresista ubicado en el otro extremo ideológico y político de Bolsonaro. Una buena forma de marcar presencia y dominio en las futuras relaciones bilaterales.

Con respecto al gas ocurre otro evento de importancia. Cinco días antes de la elección a la «estatal boliviana YPFB y la firma rusa Acron acordaron la creación de una empresa conjunta para comercializar en territorio brasileño fertilizantes producidos a partir de gas natural en fábricas de su propiedad en Bolivia y Brasil», según informó la agencia Sputnik.

Si hemos de buscar otra motivación geopolítica para el golpe, estaba ahí presente pocos días antes de que Evo ganara las elecciones.

La versión brasileña del statement de EEUU, fue un tuit de Ernesto Aráujo afirmando que no había golpe de Estado y que esa expresión, era simplemente una «narrativa de la izquierda». Dicho eso, y con la reunión con Camacho a cuestas, pocas pruebas más hacen falta para inferir su involucramiento.

ARGENTINA, CHINA, LA CARRERA POR EL LITIO Y UN FINAL

Es bien sabido que Bolivia concentra las mayores reservas de litio del mundo, el denominado «oro blanco» que representa la materia prima para la enloquecida industria global de productos tecnológicos, aeroespaciales y digitales.

Existe una dinámica de coincidencias para nada casuales entre el timorato tratamiento del saliente gobierno de Macri (no calificó el golpe como un golpe) y la necesidad estratégica de Argentina por ganarle a Bolivia la carrera como mayor productor de litio en los próximos años.

El gobierno argentino pisó el acelerador de la producción de este mineral atrayendo inversiones de capital occidental en los últimos años, muy vinculadas a Canadá y los Estados Unidos, toda vez que el poder del Estado sobre el control del mineral fue reducido.

Visto así, es conveniente y poco más que el golpe en Bolivia, la fragmentación de su Estado y la impugnación que los golpistas hacen del control gubernamental sobre los recursos naturales, culmine con que, geopolíticamente, los capitales occidentales asuman desde Argentina el liderazgo de la producción de litio.

Otro aspecto se vincula a esta dinámica de presiones que, aunque manifestadas a nivel diplomático, tienen su raíz en el definitorio y siempre velado «mundo de los negocios». El 6 de febrero de este año, China invirtió 2 mil 300 millones de dólares en la producción de litio boliviano. Durante la firma del convenio, el embajador de China aseveró: «Es un día histórico porque después de esta firma vamos a establecer esta alianza estratégica en la industrialización del litio. China será el mayor productor de vehículos y consumidores de litio, y Bolivia como el mayor país con reservas de litio».

El convenio suscrito entre Bolivia y el consorcio chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng fue diseñado para industrializar las minas de los salares de Coipasa y Pastos Grandes en Oruro y Potosí, dos departamentos que el golpista santracuceño tomó como fuertes para cercar al país, desplegando una ola de violencia y persecución dantesca contra los seguidores del MAS.

La variable de la proyección china, tan presente en los discursos y estrategias de seguridad nacional de EEUU como una fuente de desafío geopolítico que debe culminar, no escapa del golpe en Bolivia. Podría ser este cambio de régimen, también, un capítulo proxy y artillado de la guerra comercial y de recursos que sostiene la Administración Trump contra China; el golpe para secar una línea de suministro de litio segura y confiable al Gigante Asiático.

Una tríada de potencias y subpotencias regionales operaron con demasiada sincronía para destronar a Evo. El ciclo de privatizaciones y desguase del Estado que orienta el pensamiento político de la vanguardia del golpe, lo hizo aún más necesario.

Una vez más, desde el poder del dinero vinieron las presiones que definieron el cuadro general del golpe, donde Camacho es un empleado de una maquinaria de corporaciones y centros de poder.

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