Recientemente, el medio financiero estadounidense Bloomberg publicó un reportaje que ilustra las consecuencias dramáticas del bloqueo impuesto por la Administración Trump sobre la economía venezolana.

Las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington a Venezuela han escalado en el último semestre como parte de la estrategia para apuntalar el cambio de régimen encabezado por Guaidó. Entre las más dañinas destacan las prohibiciones (mediante órdenes ejecutivas) a la comercialización de petróleo y oro venezolano, la restricción al financiamiento externo y el cierre de cuentas y canales de pago para realizar transacciones comerciales relacionadas con alimentos y productos básicos.

Una de las claves del bloqueo ha sido las sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), entidad no solo responsable de la política monetaria a escala nacional, sino de realizar canjes de moneda, venta de oro y de la transferencia de recursos líquidos en divisas para las actividades comerciales y financieras del Estado venezolano en el comercio mundial.

Vista al edificio del Banco Central de Venezuela desde la avenida Urdaneta, centro de la ciudad de Caracas (Foto: Reuters)

El BCV fue incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro en abril del año pasado, una acción que ha limitado enormemente el margen de maniobra de la institución financiera que rige la economía del país.

A este cuadro de sanciones paralizantes y poderosamente destructivas del tejido económico nacional, debe sumarse a la Orden Ejecutiva 13884 del presidente Donald Trump, la cual oficializó el embargo económico contra Venezuela el 5 de agosto de 2019.

De esta medida se desprenden las sanciones secundarias, denominadas de esa forma por abarcar a terceros países o empresas no situadas en el Estado que prohíbe las actividades económicas de un país determinado, como es el caso que aplica para Venezuela.

La Administración Trump, a través del Departamento del Tesoro, ha prohibido las relaciones económicas, financieras y comerciales de empresas y ciudadanos estadounidenses con entidades venezolanas, con el propósito de mermar el flujo de exportaciones petroleras hacia el mercado norteamericano, logrando con ello reducir la cantidad de divisas disponibles para las importaciones que necesita el país.

Steven Mnuchin es el secretario del Tesoro de EEUU, el funcionario responsable de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela (Foto: Reuters)

En un intento por elevar las apuestas, Washington ha intentado globalizar las sanciones contra Venezuela presionando a entidades financieras o comerciales fuera de su jurisdicción para así evitar que corten todo relacionamiento económico con el país. Dichas acciones son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional vigente y de la mancillada Carta de Naciones Unidas.

Las sanciones secundarias que buscan limitar las relaciones comerciales de Venezuela con terceros países o empresas no estadounidenses, han traído como consecuencia la caída de las importaciones así como enormes dificultades para contratar buques con los que transportar el petróleo, recurso mineral que sostiene el 95% de los ingresos del país.

Otro impacto clave ha sido el robo de activos nacionales (pagarés, oro, Citgo, Monómeros, etc.) en bancos europeos o entidades multilaterales sobre los cuales Washington ejerce una enorme presión.

Lógicamente, estas maniobras de evidente terrorismo económico han afectado la disponibilidad de efectivo del país, agudizando sus problemas internos y los factores que inciden en la inflación, como es la crisis de recursos en divisas del Estado.

Bloomberg destaca que «las reservas internacionales de Venezuela, que ya se encuentran en un mínimo de 30 años, han alcanzado un nuevo hito sombrío a medida que las tenencias de efectivo caen por debajo de $1 mil millones en medio de sanciones económicas paralizantes».

El medio también afirma que las alternativas para superar esta situación se están viendo bloqueadas y recarga las responsabilidades sobre las sanciones impuestas por Trump: «Si bien el país posee unas 73 toneladas de oro en bóvedas locales, su venta se ha vuelto cada vez más difícil en medio de los esfuerzos de los Estados Unidos para cortar al régimen de Nicolás Maduro de una red global de compradores, bancos e intermediarios».

Para Bloomberg, esta tendencia decreciente en las reservas de dinero con las que cuenta el país «se ha exacerbado por las amplias sanciones de Estados Unidos que han separado a la nación de los mercados internacionales de capitales». Estas medidas colocan en riesgo de «continuar con los programas de subsidio de alimentos, importar bienes básicos», entre otros efectos nocivos para la vida social y económica de la mayoría de venezolanos.

El reportaje también reseña cómo la estrategia de expropiación de activos y de dinero público ha agudizado la caída en las reservas. «Una parte significativa del oro de Venezuela, 32 toneladas por valor de alrededor de $1.6 mil millones permanece en Londres después de que el Banco de Inglaterra rechazó múltiples solicitudes de Maduro para repatriar el oro». Agrega, además, que «las reservas también se incluyen aproximadamente $400 millones de los derechos especiales de giro que están colgados en el Fondo Monetario Internacional que también ha cerrado a Venezuela. El país ya había reducido sus tenencias de DEG de casi $1 mil millones en marzo de 2018».

Por último, Bloomberg destaca una verdad de perogrullo, pero que no por eso es menos grave, sobre todo viniendo de un medio corporativo: «Las sanciones que han separado a Maduro del sistema financiero global son parte de los esfuerzos para derrocar a su administración».

El reportaje de Bloomberg ilustra cómo el bloqueo impuesto por Estados Unidos persigue el colapso del país y una agudización de la crisis económica, puesto que achica el flujo de caja necesario para importar alimentos, medicinas y productos básicos que necesita la población, al mismo tiempo que restringe el uso de los recursos del país para normalizar su situación económica.

Las sanciones de Estados Unidos han restringido las capacidades de importación del país, generando con ello un estímulo para la escalada inflacionaria (Foto: Reuters)

Visto desde los efectos nocivos que genera, el bloqueo es equivalente a una guerra convencional. Las tropas de ocupación y los bombardeos son sustituidos por operaciones de cerco y guerra económica que persiguen un nivel similar de destrucción.

Mientras Bloomberg hace evidente que el bloqueo es una estrategia que está agudizando la crisis económica, afectando considerablemente a la población venezolana e impulsando un golpe de Estado, la narrativa del antichavismo insiste en que las sanciones solo afectan a Maduro.

Es cada vez más difícil sostener esa mentira ante el peso de los hechos.

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