Tiempo de Constituyente

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Con razón se señala que Venezuela tiene una larga y no siempre positiva experiencia en materia constitucional. Desde 1811, con la Declaración de la Independencia, se han aprobado 26 constituciones además de numerosas Enmiendas y Actas Constitucionales. En el siglo XIX ello era explicable por cuanto las constituyentes buscaban legalizar frecuentes cambios de gobiernos mediante sublevaciones victoriosas, además de las perpetuaciones en el poder de gobernantes autoritarios y dictadores.

Luego en el siglo XX durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien gobernó a lo largo de 27 años, se aprobaron siete constituciones que tenían que ver con modificaciones de la Presidencia de la República o ciertos cambios que no implicaban necesariamente la premisa tradicional de la “Refundación del Estado”.

Si bien a la muerte de Gómez, durante la transición presidida por Eleazar López Contreras se hicieron modificaciones de la constitución gomecista de 1931 como la reducción del periodo presidencial, será en 1946, durante el mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt, cuando se realiza la primera Asamblea Constituyente verdaderamente democrática con la participación de los modernos partidos políticos y que abre paso a la modernidad venezolana, garantizando el voto directo, universal y secreto para las mujeres y para personas analfabetas, además de consagrar derechos sociales que venían siendo exigidos desde tiempos atrás.

El 24 de noviembre de 1948 fue derrocado Rómulo Gallegos, se inicia entonces una etapa de gobiernos militares y mediante un acta rescatada de la Constitución de 1936 se convoca a nuevas elecciones para una Asamblea Constituyente en 1953. El 30 de noviembre de 1952 se realiza la consulta y en ella resultan victoriosas las planchas de los dos partidos opositores legales URD y COPEI. La elección es desconocida por las fuerzas armadas y comienza el periodo dictatorial de Marcos Pérez Jiménez, quien habría de gobernar durante cinco años con una constitución aprobada por la Asamblea ilegítima que regresa a varios de los contenidos o artículos abolidos por el texto de 1947.

La democracia

A la caída de Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958, se inicia el verdadero proceso de construcción de la democracia para lo cual era necesario la aprobación de nuevas bases constitucionales. El Presidente de la Junta de Gobierno Wolfang Larrazábal, como era tradición en estos casos, propuso la necesidad de una Constituyente que legitimara la transición democrática. La dirigencia política de entonces representada por los líderes políticos históricos (Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Rafael Caldera y Gustavo Machado), escogió una vida distinta y menos riesgosa en momentos de turbulencia política y decidió que el Congreso Nacional que se elegía conjuntamente con el Presidente de la República tuviera poderes constitucionales, de esta manera se aprueba la Constitución de 1961 que duraría 38 años hasta la Constituyente de 1999 convocada por Hugo Chávez una vez que fue electo Presidente de la República, y que había sido una de sus principales promesas electorales. De esta forma nace la vigente Constitución Nacional Bolivariana que ha servido de soporte a los cambios introducidos por el llamado “proceso del chavismo”.

El instrumento contempla importantes cambios en materias signifi cativas como los Derechos Humanos y la preservación del medio ambiente además de defi nir la democracia venezolana como “participativa y protagónica”. Sin embargo, en el 2007 el mismo Chávez propuso una reforma constitucional que permitiría avanzar en el curso de un proyecto de cambios más sustantivos y que facilitarían la consolidación del “socialismo del siglo XXI”. La propuesta fue rechazada por el voto popular y a los siguientes meses mediante una Ley Habilitante fueron convertidos en instrumentos fundamentales varios de los contenidos de la reforma derrotada dando paso a un andamiaje jurídico que ha permitido hasta hora el curso del proyecto bolivariano y que desde 2013, con la muerte de su líder fundador, es encabezado por Nicolás Maduro.

Sin embargo, el tema de la convocatoria a una constituyente ha estado presente a lo largo de los últimos años toda vez que en el país desde el 2001 se ha confi gurado una severa polarización política con eventos como la salida del poder durante tres día del presidente Chávez por obra de una acción militar con presión de calle el 11 de abril de 2002; y que seguidamente generó acontecimientos durante ese año como la protesta milititar en la plaza Altamira en octubre y el llamado a un paro nacional en el mes de diciembre que se prolongó durante 63 días. Todo ello obligó a la instalación de una Mesa de Negociones y Acuerdos entre el Gobierno y la oposición con mediación de la OEA y el Centro Carter y la activación de un Referendo Revocatorio Presidencial que culminó con la ratificación del gobernante.

Constitución Venezuela 1999

Si bien las constituyentes se conciben para aprobación de nuevos textos constitucionales o modificaciones importantes del vigente, con el tiempo ha sido un mecanismo necesario para legitimar cambios de gobiernos y también para abordar situaciones de ingobernabilidad o crisis políticas terminales. Desde aquellos años sectores importantes del país han planteado la conveniencia del recurso constituyente para enfrentar una polarización entre dos visiones del Estado y con posturas ideológicas discrepantes que ha determinado la severa crisis planteada en los últimos meses y que pareciera conducir a un creciente cuadro de violencia.

El poder originario

El primero de mayo de 2017 y luego de resultar infructuoso el llamado a un diálogo entre los factores en pugna y ante un cuadro generalizado de violencia, el presidente Nicolás Maduro apeló a los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución para convocar a un proceso constituyente. Un planteamiento que desde el 2003 ha sido levantado por sectores de la oposición como una manera no sólo de reinstitucionalizar al Estado si no de encontrar espacios de encuentro para la convivencia política tal como ha ocurrido en otros países enfrentados a situaciones extremas de confl ictividad. El llamado presidencial fue rechazado por la Asamblea Nacional como una “iniciativa fraudulenta” y en la misma dirección se pronunció la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que agrupa a la mayoría de los partidos opositores, así como a reconocidos constitucionalistas. El CNE por su parte, ya recibió el planteamiento formal y se dispone a defi nir los detalles necesarios para la realización de la consulta, mientras que seprofundiza la pugnacidad y en las calles se registran desde hace un mes violentas acciones con saldos de muertos, cientos de heridos y detenidos, además de cuantiosos daños materiales por obra de saqueos y operaciones vandálicas. Más allá de los reparos técnicos o formales de la propuesta, lo cierto es que ante circunstancias que escapan a los mecanismos convencionales de la negociación política, pareciera no quedar otro camino que colocar la situación en manos de la voluntad popular mediante el recurso del voto universal, directo y secreto de la mayoría de los venezolanos.

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