¿Qué se busca con la constituyente?

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El presidente Nicolás Maduro ha calificado el 30 de julio, la fecha para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, “como un día que definirá si los venezolanos queremos paz o habrá guerra”. Desde el 1º de Mayo, con el anuncio presidencial de la convocatoria al evento, inicialmente como una forma de reencuentro entre los factores implicados en la severa conflictividad que ha marcado los últimos meses; y luego de que el CNE estableciera las bases y el cronograma para la respectiva votación, se ha vivido un típico ambiente electoral, pese a que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó de plano la iniciativa apelando a una consulta popular el domingo 16 de julio, que si bien no es vinculante pudiera poner en evidencia nuevamente su fortaleza electoral; algunas organizaciones que no participan orgánicamente de la alianza e individualidades independientes han presentado sus nombres para la votación con la convicción de que ella podría ser un escenario para la discusión de urgentes temas nacionales.

Tradicionalmente el mecanismo constituyente es utilizado para legalizar fracturas políticas derivadas de golpes de Estados o revoluciones triunfantes que requieren de un piso constitucional; pero también se contemplan las llamadas “Constituyentes de Paz” para abordar situaciones de ingobernabilidad o desencuentros que desbordan la posibilidad de acuerdos entre los factores en controversia. La última llamada a este tipo de elección en 1999 con la victoria de Hugo Chávez, se hizo como consecuencia de una transición electoral y pacífica y se proponía redactar una nueva Constitución que asumiera cambios importantes ocurridos en las últimas décadas y que deberían ser incorporados a la Carta Magna, como leyes para la preservación del Medio Ambiente, el resguardo de los Derechos Humanos y una mayor participación ciudadana. En aquel momento la convocatoria fue precedida por una consulta directa autorizada por la Corte Suprema de Justicia y en el entendido de que en el texto de 1961 que sería sustituido no existía la previsión para el uso del mecanismo. No obstante, durante su campaña Chávez convirtió el tema Constituyente en una de sus principales promesas, entendida entonces no con las rigurosas interpretaciones de los juristas sino como una propuesta del “cambio político” que era reclamado por la mayoría de los venezolanos y que efectivamente determinó, en buena medida, la victoria del candidato.

Las nuevas circunstancias resultaban favorables para la propuesta por cuanto la victoria chavista se explicaba además como una dramática expresión del agotamiento del sistema bipartidista que gobernara durante cuarenta años y no se deslumbraba todavía la emergencia de nuevas expresiones organizadas en capacidad de asumir un rol opositor. Si bien los partidos de oposición entonces no apoyaron públicamente el llamado al voto tampoco estaban en capacidad de asumir un rechazo consistente con un mecanismo de elección concebido para asegurar una mayoría oficialista, hasta el punto que sólo cinco constituyente independientes ejercieron el derecho de palabra en la elaboración del nuevo texto, el cual si bien recogió exigencias del momento y fue proclamada “la democracia participativa, protagónica y directa” en sustitución de la “democracia representativa”, ella no implicó en su articulado ninguna modificación radical que facilitara por ejemplo la implantación de un modelo de “socialismo real”.

En busca de la paz

En el 2001, con el uso de una Ley Habilitante concedida por la nueva Asamblea Nacional, Chávez aprobó un conjunto de leyes en materia económica (especialmente en educación y en cuanto a la tenencia de la tierra) que se consideraron con indicios de un proyecto contrario al espíritu de la Constitución, lo cual provocó el rechazo de factores de una pujante sociedad civil que ante la debilidad de los partidos tradicionales, pasó a ejercer el papel de una oposición activa a través de protestas y acciones de calle que llegaron a tener un enorme impacto hasta el punto de provocar el 11 de abril del 2002 la salida del mandatario por tres días, desencadenando consecuencias que obligaron a una mediación internacional encabezada por el propio Secretario General de lo OEA Cesar Gaviria y el Centro Carter en una “Mesa de Diálogo y Negociaciones” entre el Gobierno y la oposición.

Entre las acciones que se examinaron entonces para superar las graves tensiones que incluso provocaron desgarramientos en el seno de las Fuerzas Amadas, se acordó una consulta popular, y descartada una nueva Constituyente por cuanto la Constitución vigente apenas tenía dos años, se acogió la fórmula del referendo revocatorio que al final, con participación activa de la oposición, resultó favorable para la ratificación del mandato constitucional de Chávez. Sin embargo, el tema de la Constituyente siguió en la mesa, en la medida que por la vía de Leyes Habilitantes el Gobierno avanzaba en cambios políticos y sociales que se consideraban contrarios a la norma establecida. Desde la oposición se planteó la necesidad de apelar nuevamente al poder originario y se crearon organizaciones como la Alianza Nacional Constituyente encabezada por el exministro del Ambiente Enrique Colmenares Finol entre otras personalidades, que han dedicado los años siguientes a profundizar en el asunto. El mismo Chávez en el 2007, después de ser reelecto el año anterior, propuso una reforma mediantes leyes que suponían un “refrescamiento constitucional” para adaptarlo a los reclamos que suponía el “Socialismo del siglo XXI”; y si bien la propuesta fue rechazada en la consulta, a los meses el mandatario, de nuevo con una Ley Habilitante y por la vía de Decretos, recogió elementos de la propuesta rechazada meses antes. De esta manera se establecieron en la práctica dos constituciones: la legal del 99 y una “constitución sociológica” como la define el constitucionalista zuliano Jorge Sánchez Meleán. De esta manera, la reinstitucionalización del Estado se convertía en un requisito indispensable para la gobernabilidad y el eficiente funcionamiento de los Poderes Públicos, la cual inexplicablemente no figuró entre las prioridades planteadas por los candidatos opositores en eleccio-nes siguientes. La victoria obtenida por los candidatos de la MUD en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 para la conformación de la Asamblea Nacional habría de poner en claro una inevitable confrontación entre poderes, de allí que en los últimos meses se hayan desencadenado episodios que ahora se complican en extremo con un generalizado clima de violencia que se incrementa cada día más.

Sin consenso

La propia MUD, entre las opciones que contempló como salida a la presente situación consideró, junto con la apelación a la Constituyente, el Revocatorio Presidencial que si bien fue activado pese a trabas que se suponían inevitables, fue inexplicablemente abandonado luego de una exitosa recolección de firmas en septiembre del año pasado. El 1º de Mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora, en una inesperada jugada, el Presidente Maduro tomó en su manos la iniciativa para sorpresa de los partidos opositores que anunciaron automáticamente su rechazo a la consulta, la cual, salvo hechos inesperados deberá de realizarse el 30 de julio; ahora por supuesto sin la presencia de la MUD, lo cual impedirá una discusión consensuada de los grandes temas que interesan a los venezolanos y por el contrario podría servir para reproducir, ahora con rango constitucional, los artículos rechazados en la reforma de hace diez años y operar seguramente como un nuevo detonante en el virtual escenario de guerra civil que vuelve a la nación.

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