¿Hacia dónde va la Unión Europea?

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    Jorge Arturo Reyes
    Sociólogo
    @jorgearturorey

    La Unión Europea está en crisis. Crisis de identidad, de proyecto, de sentido unitario. En marzo pasado se cumplieron 60 años del Tratado de Roma (1957-2017), instrumento jurídico-político fundacional de la integración europea. La ocasión sirvió para apelar a la consciencia unionista y encender las alarmas sobre el futuro de la Unión. Si el 2016 fue el año del Brexit, lo que algunos entienden como el “comienzo del fin” de la deconstrucción europea, 2017 puede ser de grandes encrucijadas; la hora de un gran debate en marcha que se supone trascendente. La Unión Europea (UE) está bajo examen y aunque el fenómeno de la crisis no es nuevo, el futuro de su integración es incierto.

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    Las crisis del modelo de integración europeo

    El modelo europeo de integración experimenta la convergencia interrelacionada de tres crisis. Una crisis económica estructural, otra de legitimidad democrática, y finalmente, una crisis relativa a su rol en el escenario internacional. La dimensión, historicidad y complejidad de cada una de estas crisis es materia prolija.

    En tiempos recientes y en el plano económico, la crisis griega fue y sigue constituyendo el caso nacional de un estado de depresión material que experimentan –de manera diferenciada España, Italia, Portugal y Europa del Este, entre otros. El proyecto comunitarista europeo ha creado –cuando no obviado- sus propias periferias en el ámbito interestatal e intraestatal. Las reformas estructurales en marcha, los dictámenes de austeridad de la banca, la desinversión y destrucción progresiva en los servicios públicos y la imposición de un mercado único basado en el libre comercio han generado condiciones de pobreza, profundizando las diferencias en un continente diverso y estructuralmente heterogéneo.

    La evaluación de las reformas estructurales y la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos de la UE, contenida en el Semestre Europeo 2017, señaló en febrero pasado, que aún siendo las cifras más bajas en el último quinquenio, la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE se sitúa en 23,7%, cifra equivalente a 119 millones de personas. El referido informe, circulado por la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo (BCE) y al Eurogrupo, reconoció que los cambios estructurales provocaron un aumento de la desigualdad en la distribución de la renta y destacó el aumento de la presión social dado el estrecho margen de maniobra de los gobiernos para enfrentar la desigualdad existente. La superación del desempleo y desigualad social son percibidos como los principales desafíos de la UE, visión que se agudiza en los países más golpeados por la crisis: Chipre, Portugal, España y Grecia.

    En paralelo a la depresión económica, la crisis de legitimidad y representación de las instituciones europeas es percibida por sus ciudadanos como un déficit democrático. La burocracia europea ha creado una institucionalidad que consulta poco o nada a los gobiernos que la componen. Y esta situación, ya de por sí carente de espíritu democrático, se hace mucho más crítica cuando se trata de los ciudadanos europeos. La última encuesta de Eurobarómetro, publicada a finales de 2016 bajo el título El futuro de Europa, es reveladora. El 54% de la población cree que su voz no tiene ninguna importancia para la UE. Su constatación más palpable estuvo en la adopción inconsulta del Tratado de Lisboa en 2007; instrumento considerado como uno desmarcado de una Europa social y pacifista, y que a la vez, retoma los elementos fundamentales del rechazado proyecto de Constitución Europea, en Francia y Holanda por vía refrendaria.

    A pesar del pasado colonial y de los vínculos poscoloniales de algunos Estados europeos, en términos porcentuales, la población de la UE considera que su política de influencia es “más débil” que la de EEUU (69%); China (53%); Rusia (52%); Japón (41%); India (24%) y Brasil (22%) (Eurobarómetro 2016). A su vez, se observa con recelo la pujanza del continente asiático y los BRICs bajo el liderazgo de China; se insufl a un sentimiento anti ruso y las políticas para contener la escalada migratoria delatan actitudes anti-comunitarias, contradictorias, poco concertadas y no pocas veces cuestionadas.

    Resumidas, las tres crisis anotadas, generan reclamos de mayor soberanía, de privilegiar el interés nacional por encima del interés comunitario y de rechazo al imperialismo militar (OTAN) y económico comercial (BCE). Reclamos que se traducen en al menos tres fórmulas políticas divergentes que responden a especifi cidades nacionales y locales: euroescepticismo, alter-europeísmo y anti-europeísmo. El avance de estas fuerzas políticas, disputa de manera creciente y con capacidad de éxito, el rol central y organizador que por largo tiempo tuvo –en cada caso nacional- la socialdemocracia europea.

    Entre retórica y acciones

    Frente a este panorama, el 01 de marzo pasado, el Presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker, presentó en Bruselas el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, documento estratégico contentivo de cinco escenarios sobre el porvenir de Europa con la previsión de un horizonte temporal hasta el 2025. “Seguir igual”; “Sólo el mercado único”; “Los que desean hacer más, hacen más”; “Hacer menos pero de forma más eficiente”; y “Hacer mucho más conjuntamente”, son las opciones plasmadas en el documento.

    Con ello, una agenda de debate sobre el futuro europeo está colocada sobre la mesa tanto en el plano nacional como interestatal. El futuro del proyecto comunitario parece estar atado al esquema que finalmente se adopte. Y cada escenario supone un curso a seguir, una hoja de ruta que seguramente no será del agrado unánime de la Europa de los 27.

    En septiembre próximo, el presidente Juncker presentará el discurso sobre el Estado de la Unión, y en diciembre, estos temas serán revisados en la reunión del Consejo Europeo, momento en que ya estará despejado el panorama electoral de 2017 en Francia y Alemania, y cuyos resultados podrían impactar en mayor o menor medida el debate sobre el destino europeo. Finalmente, se aspira lograr consensos para la acción antes del plazo de las elecciones del Parlamento Europeo en junio de 2019. Con la reunión celebrada en Versalles el 06 de marzo, e impulsada por Alemania, Francia, España e Italia, resurge la vieja idea de una Europa a dos velocidades. Idea que consiste en dejar avanzar más rápido y con mayor profundidad en las políticas de la UE a aquellos miembros con voluntad de hacerlo. Tesis que además de confirmar la existencia de asimetrías estructurales al interior de la UE, tiene argumentos en contra. La incapacidad de avanzar como bloque, la conformación de miembros de segunda y tercera categorías, y la instauración de una Unión Europea a la carta, forman parte de las críticas a la Europa a dos velocidades. Allí, Hungría y Polonia parecen liderar las tendencias opuestas a las intenciones promovidas fundamentalmente desde París y Berlín.

    La declaración de Roma, emitida el día de la celebración del sexagésimo aniversario, es elocuente: “La Unión Europea se enfrenta a retos sin precedentes, tanto mundiales como interiores: conflictos regionales, terrorismo, presiones migratorias crecientes, proteccionismo y desigualdades sociales y económicas. Juntos estamos decididos a hacer frente a los retos de un mundo en rápida mutación y a brindar a nuestros ciudadanos tanto seguridad como nuevas oportunidades. Vamos a hacer a la Unión Europea más fuerte y resiliente, mediante una unidad y una solidaridad aún mayores entre nosotros y el respeto de las normas comunes. La unidad es una necesidad y nuestra libre elección”.

    Twitter ONU Ginebra

    La incertidumbre está a la orden del día. Las transformaciones institucionales suelen ser lentas y requieren de largos procesos de diálogo si desean llevarse en un clima de distensión. Faltará saber si la velocidad de los acontecimientos y la profundidad de las demandas que pesan sobre la UE, sobrepasarán el tiempo de su burocracia. La crisis ha despertado el foco de una amenaza desintegracionista, aunque los reformistas ven en ella una oportunidad para relanzar la eficacia de la Unión y con ella recuperar los pilares del proyecto europeo.

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