Crónica analítica de un tuit fiscalizable

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El 27 de mayo, tres días después de la rueda de prensa que la Fiscal General venezolana Luisa Ortega Díaz ofreciera en un ambiente profundamente enrarecido, la cuenta tuíter del Ministerio Público (MP) puso a circular un tuit con un breve video incrustado donde enumeraban, como si se tratara de una lista de mercado con efectos especiales masterizados en Hollywood, todos los pasos y acciones que la institución dijo dar en torno al caso del joven opositor Juan Pernalete, muerto el 26 de abril, en el contexto de una de las tantas guarimbas artilladas que asolan al este de Caracas.

Viene a cuento este punto de partida, en mitad de los acontecimientos sobre los que aquí polemizaremos, tal como recomendaba Horacio (el poeta y retórico latino), para establecer uno de los ejes de esta nueva martingala de un servidor. Viene a cuento, insisto, tomar esto como inicio de nota por lo que en el marco del violento proceso disruptivo que vivimos pretendió ser un parteaguas definitivo, y lo terminó siendo a medias.

A medias porque el impacto no modificó la percepción chavista, que yace sobre otra versión del asesinato de Pernalete (y sobre el confl icto en general), y en la población secuestrada por la operación de cambio de régimen, porque sólo les sirvió para revitalizar la violencia y encontrar un mínimo de seguridad “legítima” ahí donde cada vez se sustentaba más en la cursilería y desvaríos de sus dirigentes en las redes sociales, en la farandipolítica como acicate y pivote emotivo. Porque más allá, no hay nada. Es la misma nada. En el complejo teatro de sombras en el que vivimos, y no por opacidad o lógica del secreto por parte del Gobierno, sino por la cebolla de la guerra: una capa que cubre a otra y ésta a otra y así en lo sucesivo, puesto que no se trata del mismo juego sobre el mismo plano, siempre. Pero el central, el inmediato y el que determina todo sigue siendo el de las “comunicaciones” (comillas porque así como es amplio limita): redes sociales, medios que proyectan y confi guran un paisaje, interpretación de hechos o datos que ofrecen pasos institucionales del poder globalizado o respuesta del poder local (el Gobierno).

En ese punto, la versión de la muerte de Pernalete producto de un disparo por un perno de matadero cobra sentido: 1) porque la especie de la lacrimógena se desmiente con la distancia a la que estaban apostados los Guardias Nacionales, 2) tal como lo demuestra un video (promovido por cuentas opositoras) en la que un “activista” se le acerca a Pernalete, éste dice “estoy bien”, el “activista” realiza un movimiento extraño, se aparta y cae el muchacho. Un movimiento que se aproxima, justamente, al pectoral izquierdo. Para luego retirarse el “activista”.

Frente a esa versión, en la rueda de prensa de marras del 24 de mayo, la doctora Ortega Díaz, contra ese pedazo de evidencia elemental, sentenció, bajo un aura de nerviosismo preocupante, que había sido por bomba lacrimógena, disparada a mucha cercanía, por un efectivo de la GNB que tenían “identifi cado”. Sin ofrecer prueba alguna, salvo la engordadísima lista de mercado que salió, tres días después, en la cuenta tuíter del MP, que aquí transcribimos verbatim, incluyendo el estilo empleado con mayúsculas y numeraciones, evidenciando la pobreza gramatical clásica de la retórica jurídica aguas abajo:

  • Análisis de más de MIL horas de video proveniente de más de 20 cámaras diferentes.
  • 5 testigos presenciales.
  • 1 testigo referencial.
  • Autopsia.
  • 3 inspecciones técnicas sobre el sitio del suceso.
  • 6 levantamientos planimétricos.
  • 2 análisis químicos.
  • 38 reconocimientos técnicos sobre evidencias físicas.
  • 2 análisis toxicológicos.
  • 2 análisis hematológicos.
  • 1 análisis de ADN.
  • 1 estudio radiológico.
  • 1 análisis histológico.
  • 1 estudio antropométrico.
  • 1 acoplamiento físico de dimensiones de cartucho y huella en ropa y lesión física.
  • 79 actos de investigación.
  • Cerrando con la imagen de la Fiscal, lacrimógena en mano, y el lema, en voice over, “Ministerio Público, gestión comprometida con la excelencia”.

Es imperativo destacar que nada de esta espectacular lista fue demostrada en el vídeo de ninguna forma (búsquenla en tuíter y que lo compruebe quien no lo haya visto o necesite hacerlo). Y frente a esa andanada numerosísima de procedimientos hiperprofesionalísimos, ¿cuánto costaba demostrar alguno por consideración al público si ya lanzó la bola de que había sido la GNB la que perpetró el crimen? ¿Secreto profesional y/o procesal? ¿Para qué decir lo de la GNB entonces? ¿Con qué fin?

En momentos difusos y oscuros, donde pretenden abundar fuegos artificiales y se anuncian parto de los montes, nunca está de más recordar que la fábula de Esopo terminaba con el rugido de un ratón. En ese sentido, el principio de Ockham brilla en su carácter funcional: “Entre tres premisas, la respuesta más sencilla tiende a ser la correcta”. Y tomando el apotegma en cuenta, es inevitable que no sobrevengan otras dudas nada más que centrándonos en ese tuit y su enumeración: ¿De dónde salen “MIL (sic) horas de vídeo” de un solo incidente y cómo contravienen al minuto y medio que fue público, notorio, comunicacional, repetido y extendido? ¿Cómo lograron realizar “3 inspecciones técnicas sobre el sitio del suceso”, “6 levantamientos planimétricos” y “79 actos de investigación” en un campo de batalla perpetuo? ¿Quién lo permitió? Y, por sobre todas las cosas, ¿tanta demanda tuvo ese solo acto de investigación sobre las otras muertes, y pienso, por ejemplo, en la de Brayan Principal (14 años, asesinado por bala hamponil cuando se asediaba un Misión Vivienda en Barquisimeto) mientras desde ese día hasta el presente la lista de asesinados se ha multiplicado? ¿Por qué sólo quiso hacer referencia a ese caso la señora Fiscal por encima de todos los demás, mencionando, de pasada, el caso de Orlando Figuera, el más emblemático y descriptivo de todos, como uno de manipulación?

Dejo las preguntas, porque no es problema de este trabajo responder lo que cualquiera pudiera hacer si quisiera, y sobre todo, si no se pierde de vista el contexto general. ¿Quié- nes celebran las últimas apariciones o manifestaciones públicas de la doctora luego de degradarla a niveles enfermizos en el pasado? No sin antes plantear una serie de preguntas adicionales: ¿Cuánto daño, a cualquier nivel, se ha perpetrado, luego de esa resbalosa intervención del 27 de mayo del año en curso en una Venezuela Bolivariana en plena guerra líquida? ¿Qué cambió de la posición de aplomo que parecía tener en 2014 luego de que incendiaran la sede del MP aquel aciago 12 de febrero?

¿Por qué, siendo la máxima autoridad en materia de investigación penal no recibió el mismo trato que recibieron las otras siete figuras sancionadas por Estados Unidos previo al Decreto Obama precisamente por la represión y la administración de justicia, como otra fiscal y una jueza, además de dirigentes policiales y militares?

De todas las figuras de oposición al Gobierno y a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, quien mejor ha jugado sus fichas y sus cartas, de forma milimétrica, inteligente y con recursos poderosos (y no, no hablamos de dinero, que eso no viene en este análisis), sin duda ha sido la Fiscal y sus alrededores; la figura descollante. La que –quién sabe ahora hasta dónde, puesto que ya todos sus recursos técnicos y jurídicos los llevó definitivamente a la politización total– más daño hasta ahora ha podido hacer a su oponente, midiéndolo en términos de guerra.

Para el ojo acucioso, lejos de la guerra de adjetivos estériles habituales, que haya seguido el periplo respecto a casos candentes como las OLP en 2016, en poco era una sorpresa la decisión de fijar la posición absolutamente política que ya había fijado y que ahora hizo indiscutible e indefectiblemente pública, sobre este panorama vertiginosamente movible.

Lo único que ha cambiado, que no es menor, ha sido el paso de la seudosombra de la exposición mediática a un foco chocón que ya encandila. Ese paso lo dio definitivamente el 31 de marzo, cuando se pronunció en contra de la sentencia que en su momento emitió el Tribunal Supremo de Justicia. El otro peldaño lo cubrió el 25 de abril, cuando pidió libertad plena para 65 guarimberos detenidos. Luego vino su entrevista al Wall Street Journal, el 3 de mayo. El 19 fue su rechazo público a la Constituyente en carta a Elías Jaua. El 27 de abril el paso definitivo, aquí comentado.

Ahora, 6 de junio, mientras cierro este artículo, recibió y tuvo conversación muy amena con otro grupo emergente llamado “Transición Pacífica y Democrática”, tal como lo “filtró” El Nacional, donde se prefiguran acciones más dramáticas en el panorama, y que toman como palabra clave el vocablo “transición”, tal como han venido proponiendo los thinktanks más pesados de los Estados Unidos, para consolidar el cambio de régimen en Venezuela.

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